Japón se enfrenta a la piratería del anime y 84 webs cierran gracias a hackers de “sombrero blanco”

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Panini

Un ejército digital se suma a la cruzada contra la piratería para proteger películas y series como Demon Slayer

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La batalla contra la piratería de anime ha dado un giro inesperado: Japón ha cerrado 84 páginas ilegales de streaming internacional con la ayuda de un recurso que parece sacado de un shōnen tecnológico: hackers de sombrero blanco financiados y apoyados por el propio gobierno. Lo sorprendente no es solo el número de webs eliminadas, sino la estrategia: un proyecto internacional que mezcla ciberseguridad, industria cultural y organismos estatales en un mismo frente. Y como si fuera poco, este movimiento llega justo en el momento en el que Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Movie: Infinity Castle arrasa en taquilla, a la vez que sufre fugas de contenido en internet.

La ofensiva contra la piratería anime

La iniciativa parte de CODA (Content Overseas Distribution Association), un organismo japonés que, desde 2022, trabaja con editoriales de manga, estudios de anime y otras empresas de entretenimiento. Su meta es sencilla de decir, pero difícil de lograr: acabar con las webs pirata que distribuyen anime y películas sin permiso.

Hasta ahora, el gran reto había sido dar con los responsables de estas páginas. La mayoría se esconden tras capas de anonimato, servidores en países con leyes más laxas y un sistema de dominios que cambian como quien se cambia de camiseta. Ahí es donde entran los hackers de sombrero blanco, especialistas en encontrar fisuras y seguir el rastro digital.

Como explicó Takayuki Sugiura, de la Asociación de Hackers de Japón: “crear una web cuesta dinero, y siempre hay una conexión social que deja huella”. Esa huella, que puede ser desde un diseñador contratado hasta la publicidad con la que ganan dinero, acaba siendo el hilo del que tirar.

Un negocio millonario

El problema es mayúsculo. Según los cálculos de CODA, solo en 2022 las pérdidas por piratería audiovisual japonesa oscilaron entre 1,95 y 2,2 billones de yenes (unos 13.200 a 14.900 millones de euros). Cifras que marean y que ponen en riesgo no solo a las productoras, sino también a los propios creadores, desde animadores hasta mangakas.

Por eso, el gobierno japonés no se ha quedado de brazos cruzados. La estrategia pasa por endurecer la lucha contra la piratería y, a la vez, potenciar la venta legal de contenido en el extranjero, con un objetivo ambicioso: alcanzar los 20 billones de yenes (135.500 millones de euros) en exportaciones culturales de aquí a 2033.

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Resultados en china y el efecto Demon Slayer

La maquinaria ya está dando frutos. En febrero, gracias a información facilitada por CODA, las autoridades chinas detuvieron a un operador de una web que había distribuido 18.000 episodios de anime sin licencia, generando unos 47.000 dólares en ingresos publicitarios. En julio, otro responsable de una gran plataforma ilegal fue declarado culpable en el mismo país.

El estreno de Infinity Castle ha puesto el foco aún más sobre el problema. La propia web oficial de la franquicia publicó un aviso en japonés, inglés y chino advirtiendo: “incluso las publicaciones anónimas pueden rastrearse hasta su origen”. Un recordatorio de que los tiempos en los que subir un archivo pirata parecía impune están llegando a su fin.

Un fenómeno imparable

A pesar de los intentos de pirateo, la película continúa con su ascenso meteórico. Infinity Castle ha roto récords en Japón y ya se ha coronado como la película anime con más preventas en su primer día en Estados Unidos, superando a Mugen Train y Jujutsu Kaisen 0. Su estreno en salas norteamericanas está previsto para el 12 de septiembre, y la expectación es máxima.

Que justo este título esté en el ojo del huracán no es casualidad: Demon Slayer se ha convertido en uno de los pilares de la industria del anime actual, con un alcance global que rivaliza con gigantes históricos como Dragon Ball o Naruto.

Un frente cultural y digital

El uso de hackers en esta cruzada abre un debate interesante: ¿hasta qué punto los gobiernos deben implicarse en la defensa de la propiedad intelectual?. Japón parece haber dado una respuesta clara: no solo es legítimo, sino necesario para garantizar que su industria cultural siga creciendo y compitiendo a nivel mundial.

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La lucha no será fácil. Los operadores de webs pirata son cada vez más sofisticados, cambian de dominios rápidamente y buscan nuevas formas de esconderse. Sin embargo, la unión de fuerzas entre creadores, empresas, organismos y especialistas digitales está demostrando que el margen de maniobra de los piratas se reduce cada vez más.

Y mientras tanto, los fans tienen su propia reflexión pendiente: apoyar las obras que aman desde la legalidad no solo les garantiza mejor calidad y estrenos más accesibles, también es un voto directo a favor de los artistas que les hacen soñar.

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